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Los Principios de Primacia y Operatividad en el Derecho Comunitario como Fundamentos para la Integracion de Latinoamerica
Por Dr. Prof. Eugenio Roberto Caligiuri Ammendolia1
y Alejandro A. Figueroa Véjar2
Other Articles in this issue:  
  

Walter A. McDougall, on America and the World at the Dawn of a New Century:
"
Historical myths must be cleared away before a constructive debate can commence over how the United States should conduct itself abroad in an unprecedented era—an era which, by definition, has no past analogs."

 

Francis P. Sempa, on Mackinder's World:
"The geographic factor in world history is the most fundamental because it is the most constant. Populations increase and decrease, natural resources are discovered and expended, political systems frequently change, empires and states rise and fall, technologies decline and advance, but the location of continents, islands, seas and oceans has not changed significantly throughout recorded history. That is why great nations neglect the study of geography at their peril."


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La Primacía

El principio de primacía dota al derecho comunitario, en su conjunto, de una jerarquía superior por sobre cualquier norma del derecho interno. Este principio fue afirmado por el Tribunal de Justicia (Sentencia Costa/ENEL, de 17 de julio de 1964 y en la Sentencia Van Gend en Loos, de 1963, en relación con el principio de la operatividad), y una reiterada jurisprudencia posterior no ha hecho más que reforzarlo, frente a los diversos problemas planteados y las reticencias mostradas por algunos Estados miembros, y, en particular, por sus Tribunales Constitucionales.

En este sentido, resulta decisiva la Sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978, que establece con carácter general, incorporando, precisando, y reforzando decisiones anteriores, los contornos del principio de primacía. Así, la norma comunitaria ha de aplicarse con preferencia a cualquier norma interna, con independencia de su rango y de su condición anterior o posterior. Según la doctrina contenida en la Sentencia Simmethal, el juez nacional está obligado a no aplicar de oficio cualquier norma interna que se oponga al derecho comunitario.

Por otra parte, la adopción de una norma comunitaria produce un efecto futuro, esto es, que se impide la producción de nuevas normas internas incompatibles con aquella. Con todo, nada obsta a la presencia de una norma nacional posterior que se conforme al actuar de una norma comunitaria. Sin duda la cuestión más problemática y que más reticencias ha causado a las jurisdicciones internas, es la afirmación de la primacía del derecho comunitario también por sobre las constituciones de los Estados miembros, y así se ha planteado básicamente en el terreno de los derechos fundamentales, por carecer los tratados fundacionales de tal contenido. Este problema ha sido resuelto directamente por el TJCE en las sentencias Internationales Handelsgesellschaft, de 17 de diciembre de 1970, y Nold II, de 14 de mayo de 1974, en favor de la primacía incondicionada del derecho comunitario, también sobre las normas constitucionales internas de los Estados miembros. En este conflicto, ciertamente trascendente porque atañe a los derechos fundamentales, el TJCE ha declarado que el conjunto común de los derechos fundamentales recogidos en las constituciones de los Estados miembros forma parte de los principios del derecho comunitario, y que, por tanto será el mismo TJCE quien se encargara de velar para que éstos no resulten infringidos por el derecho comunitario. Esta doctrina ha sido recogida explícitamente en el art. F2 del TUE, que declara que la Unión Europea “respetará los derechos fundamentales tal y como han sido garantizados en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales de derecho comunitario.”12

En el derecho comunitario del Mercosur, este tema no está resuelto. No existe en los tratados norma que declare la primacía del derecho de este conglomerado sobre el ordenamiento jurídico de sus miembros.

Con todo, la única norma que prevé una disposición en este sentido es el art. 75, inc. 24, primer párrafo, de la Argentina, que establece como una de las atribuciones del Congreso: “Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicciones a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.”

En consecuencia, las normas dictadas por los organismos supranacionales gozan de primacía sólo sobre las leyes ordinarias, mas no alcanzan a su Constitución.

La relación entre la Constitución y el derecho del Mercosur es un tema que todavía no se ha planteado en la jurisprudencia de los tribunales de los países miembros, y la carencia de un Tribunal comunitario, que vendría a interpretar de forma uniforme a la norma comunitaria, agrava aún más esta problemática. En las Constituciones de los demás paises miembros existe ansencia de una disposición similar a la de la Constitución Argentina.

La Operatividad

Respecto del principio de operatividad, estrechamente vinculado al anterior principio, está compuesto de tres carácteres: la aplicación es inmediata, directa, y corresponde tambiéna los jueces nacionales.

     • El primer aspecto, su aplicación inmediata—es decir, la norma comunitaria se incorpora automáticamente al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, sin necesidad de la presencia de norma interna alguna que la “reciba” como es propio del derecho internacional—se funda en la teoría monista de la relación del derecho externo con el derecho interno. Conforme a ello, todas las normas del derecho comunitario han de ser aplicadas por las instituciones de los Estados miembros no pudiendo, por tanto, esgrimir razones de derecho constitucional para abstenerse de tal exigencia.13

     • La aplicación directa, consiste en reconocer al derecho comunitario como generador de derechos y obligaciones para las personas naturales y jurídicas de los Estados miembros—sea en una relación con sus respectivos Estados (efecto directo vertica) o entre particulares (efecto directo horizontal)—que las jurisdicciones internas y comunitarias han de salvaguardar y hacer cumplir. Por ello, el derecho comunitario, o al menos, la parte de éste, originario o derivado, del cual se predica tal cualidad, se convierte así en regla directa de las decisiones de las jurisdicciones internas, con arreglo al cual deben resolver los conflictos de que conocen (Sentencia Van Gend en Loos, de 5 febrero de 1963, que inaugura una jurisprudencia constante y expansiva en la cuestión).

     • La carácter de aplicación directa e inmediata ha sido reconocida por el TJCE tanto en disposiciones de los tratados (en especial, aquellas que imponen a los miembros una obligación de abstención, en sentido amplio, ya que se entiende que una obligación de hacer, como “eliminar” o “corregir,” se transforma en una obligación de no hacer o abstención, una vez transcurrido el período previsto para su cumplimiento, siempre y cuando de estas normas originarias se desprendan obligaciones o reglas claras e incondicionadas - Sentencia Van Gend en Loos) como a determinadas categorías del derecho derivado (en especial, los reglamentos, “por su propia naturaleza y posición en el sistema de fuentes comunitarias” - Sentencia Politi, de 14 de diciembre de 1971) y, por el mismo motivo, las decisiones dirigidas a los particulares.

Pero el TJCE ha establecido el beneficio del efecto directo, bajo ciertas condiciones, también a las directivas (Sentencia Van Duyn, de 4 de diciembre de 1974) y a las decisiones dirigidas a los Estados (Sentencia Grad, de 6 de octubre de 1970). En combinación con el principio de primacía, el efecto directo comporta la inaplicación de oficio por parte de las jurisdicciones nacionales de toda norma interna que resulte contraria (Sentencia Simmenthal), desautorizando por tanto la doctrina que sostenía que la primacía del derecho comunitario no implicaba anular una norma de derecho interno incompatible, sino impedir que ésta se aplique para la resolución de un litigio que deba resolver un juez nacional como lo sostuvo la Corte Constitucional de Italia.

De los carácteres anteriores emerge otro que distingue al derecho comunitario. Los tribunales nacionales son, también, los órganos jurisdiccionales de derecho común para la aplicación del orden jurídico comunitario. Ello significa que, sin perjuicio de la competencia propia en los conflictos entre los órganos comunitarios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad es el Superior Tribunal de Alzada para todos los jueces nacionales y ejerce el control final, unificando la jurisprudencia interpretativa de las normas comunitarias por medio de distintos recursos y acciones.14

En el caso del Mercosur, no existe aplicación inmediata, directa, y por los jueces nacionales de las normas de derecho comunitario. Si bien los arts. 9, 15, y 20 del Protocolo de Ouro Preto establecen que las decisiones, resoluciones, y directivas del Consejo Mercado Común, del Grupo Mercado Común, y de la Comisión de Comercio del Mercosur, respectivamente, son obligatorias para los Estados partes, el art. 42 del mismo establece que “las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el art. 2 de este Protocolo tendrán carácter obligatorio y, cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cade país.”

La interpretacion de este artículo, en armonía con los otros mencionados, pareciera indicar que las normas emanadas de estos órganos comunitarios son obligatorias para los Estados miembros, tal como resultan obligatorias las normas de cooperación internacionales; pero no resultan obligatorias para las personas, naturales y jurídicas, de estos países, lo cual priva al derecho del Mercosur de una de las principales características del derecho comunitario. La frase “cuando sea necesario” es una puerta abierta para que la propia norma establezca la innecesariedad de la incorporación expresa al derecho interno, y así, indirectamente, adopte la aplicabilidad inmediata. Pero esta interpretación debería ser corroborada por la jurisprudencia de un Tribunal comunitario.

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